Asociación Latinoamericana de Medicina Social

Actualizado 10:42 PM, 11 Nov 2019
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Trump, Obamacare y el sistema de salud estadunidense

Trump representa muchas amenazas generales y particulares contra la vida humana. Empiezan por la negación del cambio climático, pasan por la aceptación de los transgénicos y llegan a una previsible escalada de la política guerrerista de Estados Unidos, de la cual América Latina no escapará.

La política de salud trumpiana se cifra en el nombramiento del cirujano-ortopedista y miembro del establecimiento médico reaccionario Tom Price como su secretario de salud. Price, actualmente representante o diputado republicano, tiene el perfil de extrema derecha del Tea Party. Ha promovido el desmontaje de Obamacare y un proceso acelerado de (re)privatización de los servicios de salud. Asimismo, milita contra el derecho de decidir de las mujeres al promover que cada estado decida sobre el aborto desconociendo una sentencia de la Suprema Corte. Pretende, además, quitar los fondos públicos federales a Planned Parenthood, que desempeña un papel importante para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos y predica la abstención sexual.

Respecto de Obamacare o la Ley de Cuidados de la Salud Asequibles, aprobada en 2010, es importante entender que fue el resultado de un sinnúmero de negociaciones y transacciones con el poderosísimo complejo médico-industrial-asegurador que desplegó una campaña propagandística insidiosa y gastó 1.2 mil dólares en 4 mil 525 cabilderos. La reforma nació así, con malformaciones graves, debido a que se sujetó a la lógica privada del sistema de salud estadunidense, único país en el continente americano que no reconoce el derecho a la salud.

Resulta significativo que Obamacare fue el sexto intento de reformar este irracional sistema de salud para bajar sus costos (actualmente 18 por ciento del producto interno bruto, incrementar el acceso y lograr mejores condiciones de salud. La única reforma anterior exitosa fue la de Medicaid, para pobres, y la de Medicare, para mayores de 65 años, en 1965. Es de notar que mientras los organismos supranacionales están impulsando el modelo estadunidense en el resto del mundo, en Estados Unidos se está luchando por salir de él.

Obamacare es una ampliación del aseguramiento médico al hacerlo obligatorio so pena de una multa y dando subsidios directos a algunos sectores y exenciones fiscales a otros. Fracasó en crear un seguro público para competir con los seguros privados y reducir las primas, pero logró establecer un mercado de seguros en línea para que se pueda comparar su cobertura y costos. En principio debería haber un paquete mínimo en todos los seguros y ninguna aseguradora podría rechazar a las personas por enfermedades prexistentes. Asimismo, se permite a los padres incluir en su seguro a los hijos hasta los 25 años de edad. La medida más importante fue la ampliación de la cobertura de Medicaid que alcanzaría a unos 15 millones de las 50 millones de personas sin seguro.

Los republicanos y sus socios financieros y médicos han combatido a Obamacare por todos los medios con bastante éxito. Veinticuatro estados han usado su independencia administrativa negándose a extender Medicaid aun habiendo fondos federales para este fin. Han logrado debilitar la regulación federal sobre las condiciones de los seguros cuyo costo se ha incrementado por distintas vías, llevando un aumento del pago al contado de los asegurados. Además han conseguido mantener un precio alto de los medicamentos bloqueando las compras competitivas de los programas públicos y obstaculizando el organismo que decide sobre la inclusión de nuevos medicamentos y tecnologías en los servicios públicos.

El resultado es que se calcula que la cobertura del aseguramiento dejará fuera a unos 35 millones de estadunidenses y un número indeterminado de subasegurados que no pueden acceder a servicios costosos. Pero con Trump-Price van por más. Pretenden privatizar totalmente el Medicare mediante un sistema de bonos con tope de gastos muy perjudicial para enfermos crónicos con padecimientos caros. El futuro de Medicaid es incierto, pero con un gobierno que reprueba los programas que otorgan beneficios a los ciudadanos es probable que se restringirá.

Trump está demostrando que mantendrá el modelo neoliberal que es responsable de los problemas económicos de Estados Unidos y de amplios sectores de la población. Seguirá apelando al racismo y supremacismo blanco estadunidense. El cuadro es de un fascismo del siglo XXI. Y México está en la línea de fuego.

Fuente: Dra. Asa Cristina Laurell

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En salud: menos dulces, pero más derechos.

Saúl Franco,

La salud, su cuidado y la garantía del respectivo derecho, demandan sólidos conocimientos y políticas y sistemas coherentes. Pero los intereses que entran en juego en este campo, a través de las industrias farmacéutica, de alimentos, seguros y tecnologías, impiden o dificultan que los derechos se impongan sobre los negocios y lo saludable sobre lo rentable. Dos temas de actualidad en el país ilustran estas tensiones.

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De guerras, salud y medicina.

Han sido devastadores los efectos negativos de las guerras sobre la vida y la salud de las personas y los pueblos a lo largo de la historia. Pero, paradójicamente, la medicina les debe algunos avances importantes a las guerras. La que está terminando en Colombia vuelve a evidenciar la doble cara de esta antigua relación y a replantear problemas éticos que debemos debatir al empezar la etapa de construcción de paz.

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Antes que nada los intereses en juego

El grupo de trabajo liderado por el médico Damián Verzeñassi -quien llevara adelante los llamados campamentos sanitarios que revelaran el impacto sobre la salud del uso de agroquímicos - denunció ayer que "el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Ricardo Nidd, inició una persecución ideológica y académica" . Según denunció el propio médico lo hace "contra el equipo de docentes, graduados y alumnos que sostenemos las materias Salud Socioambiental y Práctica Final, reconocidos espacios que acompañan a pueblos y familias víctimas del modelo agropecuario dominante, con transgénicos y agroquímicos". Por si quedaban dudas, Verzeñassi ubicó detrás de esta campaña a "funcionarios provinciales y empresas del agronegocio". La semana pasada la oficina donde se archivan 96.800 historias clínicas de vecinos de 27 pueblos de la región fue clausurada con cadenas.

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Subterfugios del presupuesto de salud, impulso a los seguros privados

En un artículo anterior argumenté que el monto del financiamiento que corresponde a las instituciones de salud está fijado por ley tanto para el Seguro Popular como para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Por tanto, es ilegal recortarlo, pues el secretario de Hacienda no tiene facultades metaconstitucionales. Contrastan las declaraciones triunfalistas sobre los incrementos de la cobertura con el presupuesto recortado y con las continuas protestas de los trabajadores de salud y el descontento de los usuarios.

El análisis de los principales presupuestos del sector –el del IMSS, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) y el del Seguro Popular (SP), incluido en el presupuesto de la Secretaría de Salud (Ssa)– revela algunas astucias para no violar directamente el marco legal. El IMSS tiene un decremento de su presupuesto respecto de 2016 si se ajusta por la inflación. Esto contrasta con las declaraciones de su director, diestro en relaciones públicas, sobre el incremento día con día del número de trabajadores afiliados. Es de suponer que el presupuesto está subestimado, o sea, que el IMSS "presta" al gobierno federal para que pueda cuadrar sus cuentas como se ha hecho en varias ocasiones. Su presupuesto no tiene un objetivo de afiliación para 2017 lo que impide hacer el cálculo del monto que debiera recibir.

Fassa es un fondo federal que se estableció con la descentralización de los servicios de salud a los estados y cubre principalmente el pago de las plazas federales de los servicios estatales de salud, pero no las generadas con dinero del SP. Los datos comparativos del Fassa demuestran algunos reacomodos con importancia para el recorte de los recursos del SP. Corrigiendo por la inflación esperada Fassa se incrementa en 3.3 por ciento respecto de 2016. Este incremento se distribuye entre "servicios de salud a la comunidad" y "protección social en salud". El primer rubro corresponde a las acciones de salud pública que los servicios estatales deben desarrollar para toda la población. Cayó en casi 20 por ciento entre 2015 y 2016 y aún con el incremento para 2017 está muy por debajo de su nivel de 2015.

El rubro "Protección social en salud" es en el que se acomoda una parte de las aportaciones a los estados del SP. Es así la manera de descontar a los estados parte de los recursos que la federación debería transferir por medio del presupuesto de la Ssa. Esta maniobra se llama "alineación de recursos" y se traduce en que prácticamente se anula la llamada "Aportación solidaria federal" que en la ley es la aportación federal más alta al SP. En consecuencia se puede legalmente disminuir la transferencia de la Ssa a los estados. Pero no es todo.

El SP tiene un guardadito en su Fideicomiso de Protección Social en Salud, particularmente en el Fondo de Gastos Catastróficos (FGC). Por ley, 11 por ciento de los recursos del SP deben depositarse en este fideicomiso, de los cuales 8 por ciento corresponde al FGC. Sin embargo, desde 2004 se han depositado entre 18 y 25 por ciento de los recursos del SP en el fideicomiso. Lo grave es que estos recursos no se han usado para este tipo de padecimientos o para construir infraestructura, sino que se han quedado guardados. Los datos muestran que el monto autorizado para el tratamiento de enfermedades de gasto catastrófico está muy por debajo de los montos depositados en el fideicomiso y los montos pagados son todavía más bajos. Como resultado el fideicomiso tenía, según la Cuenta Pública de 2015, una disponibilidad de 61 mil 592 millones de pesos. Con razón no parece particularmente preocupado el Comisionado del SP cuando habla de los recortes. Se da además el lujo de hacer espots tramposos sobre cirugías de corazón abierto respaldadas por el SP cuando ni siquiera se cubre el tratamiento de infartos de corazón en los mayores de 60 años.

Los usuarios y los trabajadores de salud sí están preocupados. Los primeros, porque no acceden a los servicios que requieren y los trabajadores porque sus condiciones de trabajo empeoran, les faltan medicamentos e insumos y muchos no tienen plazas regulares.

La falta de recursos en las instituciones públicas y los largos tiempos de espera para las intervenciones necesarias están dando un impulso a los seguros privados de salud. Ya los tienen los funcionarios de alto nivel del Ejecutivo, del poder judicial así como senadores y diputados lo que sangra los recursos fiscales. Los grandes sindicatos negocian seguros privados que las empresas al igual que los individuos pueden descontar en el pago de impuestos que es otro subsidio fiscal a los privados.

* Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

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El tsunami provocado por el NO.

El reñido triunfo del NO en el plebiscito del pasado domingo para la refrendación popular de los acuerdos entre el gobierno y las Farc, constituye el mayor revolcón en la historia política reciente del país. Un verdadero tsunami político, cuyos significados e implicaciones tardaremos en comprender y asimilar, pero cuyas consecuencias tenemos que enfrentar de inmediato.

Más allá de las confrontaciones políticas entre el gobierno del presidente Santos y la oposición encabezada por el expresidente Uribe, el plebiscito evidenció las fuertes tensiones entre diferentes vivencias y sentimientos producidos por la larga guerra que hemos padecido. Entre las distintas escalas de valores y normas que deben fundamentar la vida en sociedad. Entre los diversos imaginarios sobre la paz posible y el modelo de sociedad que se quiere. Y, claro, entre cuáles son los puntos negociables y los no negociables en los posibles acuerdos con las organizaciones armadas. Es decir, el plebiscito nos obligó a mirarnos como país en nuestro propio espejo y a reconocer lo diversos que somos y los múltiples intereses, ideas y poderes que hacen parte de nuestra realidad nacional. Son entonces comprensibles tanto la enorme sorpresa por el triunfo del NO, como la perplejidad que ha producido internamente y en el escenario internacional.

El plebiscito no era legalmente necesario para la validez de los acuerdos entre el gobierno y las Farc. Pero el presidente lo eligió entre las diferentes modalidades de participación popular directa consideradas en la Constitución, y lo convocó para darles la mayor legitimidad posible. Era una opción válida, bien intencionada, pero muy arriesgada. Además, se programó sin el tiempo y la pedagogía proporcionales a su importancia estratégica y se ubicó inadecuadamente en la agenda. El acto de lanzamiento público de los acuerdos, por ejemplo, debió haber sido después y no antes de su refrendación popular.

Y viene entonces el interrogante sobre un tema de fondo: el carácter y los alcances de la participación popular directa en los asuntos de Estado y, para el caso, en la aprobación de los acuerdos con una organización armada. Dicha participación ¿es de forma o debe ser de fondo? ¿Es el postre o debe ser el plato fuerte de la negociación? El resultado plebiscitario de desaprobación es contundente al respecto: sin populismos, es el pueblo el que realmente decide. Para mí, que voté y volvería a votar SÍ y que acato el resultado adverso, esta es la lección principal y más valiosa. Ojalá no volvamos a olvidarla nunca.

Como la vida sigue y las luchas también, lo realmente importante ahora no es llorar sobre la leche derramada sino convertir en tareas las lecciones de este inesperado tsunami político. La inmediata es tratar de avanzar sobre lo ya logrado en los acuerdos con las Farc, aprovechando la voluntad de paz reafirmada por todos los actores. No se parte de cero ni se puede desperdiciar el trabajo juicioso de los negociadores. El avance debe implicar la inclusión real de nuevos actores, representativos de las varias vertientes del NO, del SÍ y de los casi 22 millones que se abstuvieron; la discusión serena de los argumentos de fondo de los distintos sectores, y la búsqueda conjunta de mecanismos de concertación y legitimación.
Sabiendo que no existe un acuerdo ideal, que cualquier acuerdo tiene costos y obliga a todos a ceder, el resultado del plebiscito – unánimemente a favor de la paz - da un mandato inequívoco e inaplazable de llegar pronto a acuerdos satisfactorios para todas las partes. Y no sólo con las Farc.
Ya es también claro para todos que el fin de la guerra es esencial, pero insuficiente para la construcción de la paz. Una vez logrados los acuerdos para el fin del conflicto armado, seguirá la tarea de construir una sociedad que haga posible la convivencia mediante la equidad, la tolerancia, la garantía de los derechos y la tramitación no violenta de las diferencias inevitables. Esa es la gran tarea pendiente, cuyas magnitud, complejidad y urgencia nos las acaba de evidenciar este tsunami, que debemos convertir en oportunidad histórica.

Saúl Franco.
Médico social.
Bogotá, 5 de octubre de 2016.

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